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NOS PUEDE COSTAR A TODOS CASI 2 MILLONES DE EUROS

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NUEVA CONDENA FIRME AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA POR DISCRIMINAR SALARIALMENTE A LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LOS PROGRAMAS EMPLEO +30 Y EMPLEO JÓVEN .

SI EL SUPREMO INADMITE TODOS LOS DEMÁS RECURSOS DE UN SOLO DESPACHO DE ABOGADOS PUEDE SUPONER QUE NOS CUESTE CASI 2.000.000 DE EUROS A LOS ALCALAREÑOS POR LA MALA GESTIÓN MUNICIPAL.

Los citados programas se articularon en su día para paliar la situación de desempleo de colectivos especialmente azotados por la crisis económica, en concreto a los mayores de 30 años y los desempleados jóvenes.
Según la última resolución del Tribunal Supremo dictada tras un recurso de Casación interpuesto por la citada Corporación Municipal, se inadmite el recurso interpuesto y se declara firme la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que venía a confirmar, en cuanto a la reclamación salarial, la dictada por el Juzgado de lo Social 8 de Sevilla que condenaba al Ayuntamiento a abonar las cantidades no pagadas por éste a los trabajadores.
La denuncia de éstos, de los que el despacho Gómez-Cunningham tiene encomendada la defensa de más de 250 trabajadores que han venido prestando servicios para el Ayuntamiento en el marco de los indicados programas, versaba sobre la discriminación salarial a la que venían sometidos dichos trabajadores a los que , pese a así disponerlo el vigente Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, se les pagaba mensualmente una cantidad sensiblemente menor a la que legalmente les correspondía bajo la excusa municipal de pertenecer a un colectivo especial.
En esencia la demanda de los trabajadores ponía de manifiesto que pese a que eran contratados bajo la modalidad de contrato temporal y desarrollar idénticas labores que el resto de los empleados municipales se les abonaba un salario inferior en un 50% al que legalmente les correspondía.
Esta constituye la QUINTA inadmisión de los recursos que la citada Corporación ha venido interponiendo frente a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que está confirmando todas las condenas obtenidas en los Juzgados de lo Social de Sevilla.
Es de destacar que con dicha práctica se está incumpliendo el Reglamento Europeo que regula tanto estas contrataciones como su financiación por lo que no resulta descartable,según la opinión de Gómez-Cunningham Abogados, que , en su día, la Unión Europea pueda reclamar los fondos cedidos a dicho fin a la Junta de Andalucía a través de la Administración central del Estado, dado que dicha reglamentación prohíbe expresamente las prácticas discriminatorias en función de las condiciones personales o sociales de los afectados.

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